Ciudad de México.- Durante el segundo día del Parlamento Abierto “Análisis al Paquete Económico 2021”, empresarios, académicos y organizaciones civiles se manifestaron a favor de la lucha contra la evasión fiscal y solicitaron revisar y corregir el proyecto, a fin de que contemple la reactivación de la planta industrial afectada por el Covid-19, sin vulnerar los derechos de los contribuyentes.
Consideraron que la lucha en contra de la facturación falsa debe continuar; sin embargo, advirtieron que la propuesta no reactiva la economía, carece de subsidios y no fomenta la creación de empleos, por lo que hicieron diversas propuestas a las leyes del ISR e IVA, entre otras.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca, señaló que los temas abordados en este parlamento permitirán fortalecer el análisis en materia hacendaria.
“Todos lo recabado en estas mesas contribuirán a la construcción del documento base para elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal para el 2021”, agregó.
Marco Antonio Medina Pérez indicó que el paquete presupuestal promueve un trato fiscal de piso parejo para todos; es decir, evita los privilegios para algunos, a fin de lograr la normalidad hacendaria que se requiere para impulsar una competencia real entre los participantes económicos del país.
Pedro Pablo Treviño Villarreal dijo que las propuestas del parlamento permitirán fortalecer las visiones sobre la necesidad de reactivar la economía y proponer al Pleno una ley que ayude al país a salir adelante, establecer de manera responsable los ingresos de 2021 y tener una discusión robusta sobre el PEF.
El jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ernesto Molina Chávez, señaló que este encuentro permitirá complementar las reglas que expedirá el Sistema de Administración Tributaria. Subrayó que el SAT apoyará las decisiones que tome la Comisión en materia hacendaria.
Representantes de los sectores empresarial e industrial afirmaron que la no deducibilidad de intereses y limitarla a 30 por ciento “sería terrible para todas las empresas”. Propusieron diferir la medida de control hasta 2022 para tener mejores condiciones económicas.
Pidieron se aclare la recaracterización de la cláusula general antiabuso, en vigor desde enero pasado y no dé lugar a consecuencias penales. Lo más preocupante, dijeron, es la reforma sobre aseguramiento precautorio para terceros, cuya redacción es totalmente anticonstitucional.
